El derecho del más fuerte: Cuando la ley internacional se vuelve opcional

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abre una grieta en el orden internacional. No se trata de defender a un autócrata: se trata de defender el único dique que separa la diplomacia de la selva.

En la madrugada del 3 de enero de 2026, mientras Caracas dormía, helicópteros Chinook y comandos de la Delta Force descendieron sobre la residencia de Nicolás Maduro. La operación, bautizada «Resolución Absoluta», culminó con la captura del presidente venezolano, su esposa Cilia Flores, y su traslado al buque USS Iwo Jima rumbo a Nueva York. Donald Trump, desde Mar-a-Lago, lo celebró como un «show televisivo» que había seguido en tiempo real.

La escena evoca con precisión inquietante otra madrugada, treinta y seis años atrás, cuando otro presidente estadounidense ordenó otra operación con nombre grandilocuente —«Causa Justa»— para capturar a otro hombre fuerte latinoamericano acusado de narcotráfico: Manuel Noriega. El 3 de enero de 1990, Noriega se entregó a las fuerzas invasoras. El 3 de enero de 2026, Maduro fue extraído de su país. La coincidencia calendaria parece diseñada por un guionista con inclinaciones simbólicas.

Pero esta no es una nota sobre coincidencias. Es una nota sobre principios. Y los principios, a diferencia de las conveniencias, no admiten excepciones.

Lo que Maduro es

Comencemos por lo que no está en disputa. Nicolás Maduro preside —o presidía hasta hace 48 horas— un régimen que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado sin ambigüedades: violaciones sistemáticas a los derechos humanos, «prácticas de terrorismo de Estado», cooptación de las instituciones por el Ejecutivo. La Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por crímenes de lesa humanidad. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha documentado torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales.

Las elecciones del 28 de julio de 2024 fueron un fraude a cielo abierto. El Consejo Nacional Electoral suspendió la transmisión de resultados, se negó a publicar las actas de votación, y proclamó ganador a Maduro mientras la oposición —que había logrado reunir el 83,5% de las actas— demostraba con evidencia documental que Edmundo González Urrutia había ganado con una diferencia de 37 puntos. El Centro Carter, invitado como observador, concluyó que no podía verificar los resultados porque el gobierno le negó acceso a las actas. El panel de expertos electorales de la ONU llegó a la misma conclusión: no pueden confirmar la victoria de Maduro.

La respuesta del régimen a las protestas que siguieron fue brutal: más de 2.000 detenidos, incluidos adolescentes de 14 años; 22 personas asesinadas según organizaciones de derechos humanos; detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, lo que el Foro Penal documentó como una ola represiva sin precedentes. Maduro anunció que «no habrá perdón».

Agreguemos los cargos por narcotráfico en Estados Unidos desde 2020, el llamado «Cartel de los Soles» que habría convertido a Venezuela en un narcoestado, la crisis humanitaria que expulsó a más de siete millones de venezolanos de su país, el colapso económico, la corrupción sistémica.

Nada de esto está en disputa. Maduro no es una víctima inocente. Su gobierno ha sido, durante años, una máquina de opresión, saqueo y fraude.

El fin no debe justificar los medios

Dicho todo lo anterior —y subrayado—, la operación del 3 de enero de 2026 es una violación flagrante del derecho internacional. No porque lo digan los aliados de Maduro. Porque lo dice la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional del orden mundial de posguerra.

«Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.»

Artículo 2, párrafo 4. No hay asterisco. No hay cláusula que diga «excepto si el gobernante es un dictador». No hay salvedad para «operaciones antinarcóticos» ni para «defender la democracia». El único órgano facultado para autorizar el uso de la fuerza es el Consejo de Seguridad, conforme al Capítulo VII. Estados Unidos no solicitó esa autorización. No la hubiera obtenido: Rusia y China tienen poder de veto.

Philippe Sands, profesor de Derecho Internacional en University College London, lo ha dicho con claridad: «No existe base jurídica para que un Estado actúe como juez y policía global. Eso sería un retroceso al derecho del más fuerte.»

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su «profunda alarma» y su preocupación de que «no se haya respetado el derecho internacional». «Independiente de la situación de Venezuela», agregó, «estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso.»

La respuesta internacional ha sido abrumadoramente crítica, incluso entre gobiernos que habían condenado sin matices el fraude de Maduro. Brasil, bajo Lula da Silva —que se había negado a reconocer los resultados electorales de julio—, calificó la operación como una «afronta gravísima a la soberanía» y «un precedente extremadamente peligroso». México condenó la acción como una «clara violación del artículo 2 de la Carta de la ONU». Chile, cuyo presidente Gabriel Boric había llamado «dictadura» al gobierno de Maduro, expresó su «preocupación y condena». La Unión Europea llamó a «la moderación» y recordó que «en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional». España, Francia, Reino Unido: todos coincidieron en el mismo punto.

Incluso Javier Milei, que celebró la caída de Maduro como «buena para Venezuela y para la región», evitó respaldar explícitamente la legalidad de la operación. Es más fácil festejar un resultado que defender un método.

El espejo de la historia

La invasión de Panamá en 1989 es el precedente más directo. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó 75 a 20, con 40 abstenciones, para condenarla como «una violación flagrante del derecho internacional». La Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo se sumaron a la condena. Human Rights Watch documentó entre 500 y 4.000 muertos civiles, según las fuentes. Noriega fue juzgado y condenado en tribunales estadounidenses, pero la ilegalidad de la operación que lo capturó nunca fue seriamente debatida por esos mismos tribunales: se negaron a considerar la cuestión.

Irak, 2003, es el otro espejo. La invasión se justificó con armas de destrucción masiva que nunca existieron y con la promesa de instaurar la democracia. Veinte años después, el balance es catastrófico: cientos de miles de muertos, el surgimiento del Estado Islámico, una región desestabilizada, una ocupación que nunca logró consolidar un gobierno estable. La democracia prometida fue un espejismo; el caos, una realidad.

Trump ha anunciado que Estados Unidos «gobernará Venezuela hasta que pueda tener lugar una transición apropiada», que permitirá el ingreso de petroleras estadounidenses para «invertir miles de millones de dólares» y «reparar la infraestructura petrolera». La presidenta de Cuba, Díaz-Canel, comparó la operación con el ataque israelí a Gaza y la describió como un intento de «apoderarse del petróleo y los recursos naturales». No hace falta compartir la geopolítica de La Habana para notar que el argumento tiene asidero: Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

La trampa del «pero»

Hay una tentación comprensible —y peligrosa— en este momento: la tentación del «pero». «Sí, la operación viola el derecho internacional, pero Maduro es un dictador.» «Sí, la soberanía es importante, pero los venezolanos sufrían.» «Sí, el precedente es malo, pero al menos se acabó el régimen.»

El problema con el «pero» es que convierte los principios en preferencias. Si el derecho internacional solo se aplica cuando nos conviene, entonces no es derecho: es retórica. Si la soberanía se suspende cada vez que un gobierno nos parece inaceptable, entonces no hay soberanía: hay permiso condicionado. Y el permiso siempre lo otorga el más fuerte.

¿Quién decide cuándo un gobierno es lo suficientemente malo para justificar una intervención? ¿Con qué criterio? ¿Arabia Saudita califica? ¿Corea del Norte? ¿Hungría? ¿Israel? La respuesta, históricamente, no tiene nada que ver con la gravedad de las violaciones: tiene que ver con la conveniencia geopolítica del que tiene los helicópteros.

El senador demócrata Brian Schatz lo dijo sin rodeos: «Estados Unidos no tiene intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra. Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida.» Su colega Rubén Gallego fue más directo: «Es vergonzoso que Estados Unidos haya pasado de ser el Policía mundial a ser el abusador mundial.»

Lo que queda

Maduro enfrentará cargos en el Distrito Sur de Nueva York por «narcoterrorismo» y conspiración para importar cocaína. Es probable que sea juzgado y condenado, como lo fue Noriega. Los tribunales estadounidenses, como en 1991, probablemente se nieguen a considerar la legalidad de su captura. La justicia doméstica no tiene jurisdicción sobre la política exterior; el derecho internacional no tiene dientes.

Venezuela, mientras tanto, queda en un limbo. Trump ha dicho que Estados Unidos «dirigirá» el país hasta que haya una transición. No ha aclarado cómo ni cuándo ni hacia dónde. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, habría sido juramentada como presidenta interina según algunas fuentes; según el propio Trump, «está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario». María Corina Machado, líder opositora, ha dicho que Edmundo González debe asumir como «presidente legítimo». Las fuerzas armadas venezolanas, mientras tanto, denunciaron una «agresión criminal» y el gobierno declaró el estado de excepción.

El futuro de Venezuela no se decidió esta madrugada en Caracas. Se decidirá en los próximos meses, en una negociación entre actores internos y externos cuyo desenlace nadie puede anticipar. Lo que sí se decidió es otra cosa: que Estados Unidos, bajo esta administración, está dispuesto a usar la fuerza militar para capturar a un jefe de Estado en funciones, sin autorización internacional, sin respaldo multilateral, sin siquiera la pretensión de un marco legal.

Eso es un hecho consumado. Un precedente. Un mensaje al mundo.

El orden y el caos

El orden internacional de posguerra tiene muchos defectos. Es lento, hipócrita, selectivo, incapaz de detener genocidios cuando las potencias no quieren detenerse. Es un orden construido por los vencedores de 1945 y adaptado apenas parcialmente a un mundo que ha cambiado. Pero es el único orden que existe. El único dique —frágil, poroso, insuficiente— contra la lógica de la selva.

Lula da Silva lo dijo mejor: «Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo.»

Nicolás Maduro era —es— un autócrata corrupto que merecía ser juzgado por sus crímenes. Pero ese juicio debía llegar por vías legítimas: la presión internacional, las sanciones, el aislamiento diplomático, el eventual colapso interno de un régimen insostenible, o la improbable pero no imposible vía de la Corte Penal Internacional. Esas vías son lentas, frustrantes, a menudo ineficaces. Pero son las únicas que no dinamitan los cimientos del sistema que, con todas sus fallas, nos separa del caos.

La Operación Resolución Absoluta no resuelve nada. Solo desplaza el problema y abre otros nuevos. Venezuela sigue fragmentada. El régimen sigue teniendo apoyos armados. La transición prometida no tiene hoja de ruta. Y el mensaje que queda es el peor posible: que el derecho internacional es papel mojado cuando la potencia hegemónica decide que lo es.

Ese mensaje no lo escucharán solo en Caracas. Lo escucharán en Pekín, en Moscú, en Teherán, en Pyongyang. Lo escucharán en cada capital donde un gobierno autoritario tenga motivos para temer una intervención —y motivos para justificar las propias.

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos capturó a un dictador. Y, al hacerlo, debilitó las únicas reglas que podrían, algún día, hacer innecesarios los dictadores.