CARTA ABIERTA DE VITA MAGAZINE AL GOBIERNO DE LA NACIÓN

En respuesta al video oficial del 24 de marzo de 2026

Hay palabras que se usan como bisturí y palabras que se usan como maza. Las primeras abren para iluminar. Las segundas destruyen para enterrar. El video que el gobierno nacional difundió hoy, en este día que la Argentina eligió —con la solemnidad de quien ha sobrevivido al abismo— para recordar a sus treinta mil desaparecidos, está construido con mazas disfrazadas de bisturís. Y eso, precisamente eso, es lo que hace necesaria esta respuesta. No escribimos desde el odio. Escribimos desde la obligación moral de quien sabe que el lenguaje no es inocente, que cada palabra elegida es también una decisión política, y que hay momentos en que el silencio se convierte en complicidad.

LA TRAMPA ESTÁ EN LAS PALABRAS

El video habla de "sanar las disputas del pasado". Deténgase el lector en esa palabra: disputa. Viene del latín disputare, que refiere a una contienda entre partes que debaten, que compiten, que tienen pretensiones equivalentes. Una disputa supone simetría. Supone que hay dos bandos que se enfrentan en un campo razonablemente parejo, con fuerzas comparables y razones que pueden pesarse en la misma balanza.

Lo que ocurrió en la Argentina entre 1976 y 1983 no fue una disputa.

Fue un Estado —la entidad que por definición tiene el monopolio legítimo de la fuerza, que existe para proteger a sus ciudadanos, que cobra impuestos a cambio de seguridad y justicia— que se convirtió en una maquinaria clandestina de secuestro, tortura, asesinato y desaparición. No hablamos de excesos. No hablamos de errores de una guerra. Hablamos de un plan sistemático, probado ante la justicia nacional e internacional en cientos de sentencias firmes, que incluyó campos de concentración, vuelos de la muerte, robo de bebés y la destrucción deliberada de toda evidencia. Eso no es una disputa. Eso es terrorismo de Estado. Y la diferencia no es semántica: es la diferencia entre juzgar un partido de fútbol y juzgar un crimen de lesa humanidad.

El video también habla de "revanchismo". Aquí la trampa lingüística es más audaz todavía, porque confía en que nadie vaya al diccionario. Revancha, del francés revanche, significa la oportunidad de reparar un daño sufrido, de recuperar lo perdido por una injusticia. La RAE no lo define como un acto de odio sino como un acto de justicia diferida. Llamar "revanchismo" a los juicios por crímenes de lesa humanidad es como llamar "revanchismo" a los juicios de Núremberg. Es exactamente ese nivel de inversión moral.

Y luego está la expresión que tal vez sea la más peligrosa de todas: "dar vuelta la página".

Hace más de dos siglos, Mariano Moreno escribió algo que la historia no ha podido superar en precisión: "Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía." Moreno lo vio entonces, con la claridad de quien funda algo y sabe que las fundaciones son frágiles: sin memoria, no hay democracia. Solo hay alternancia de opresiones.

Dar vuelta la página no es sanar. Es olvidar. Y los pueblos que olvidan sus crímenes están condenados —sin excepción histórica— a repetirlos.

PONER AL VICTIMARIO EN EL PAPEL DE VÍCTIMA

El mecanismo central del video es tan antiguo como la impunidad misma: invertir los roles. Lo vimos en los regímenes que perdieron guerras y reclamaron ser las verdaderas víctimas. Lo vimos en los colonizadores que narraron su propia derrota como un ultraje. Y lo vemos aquí, con una sofisticación que merece ser analizada en detalle, porque su sofisticación es su peligro.

El testimonio de Miriam Fernández es el corazón emocional del video, y es también, paradójicamente, el argumento más revelador en su contra.

Miriam es la nieta restituida número 127. Esto significa que fue uno de los bebés nacidos en un centro clandestino de detención o arrancados del seno de su madre, y entregados ilegalmente a una familia que la crió como propia. Miriam dice que tuvo una infancia hermosa. Dice que su padre adoptivo es su padre. Dice que lo acompaña hasta hoy en los juicios. Dice que quiere mirar para adelante y dejar el pasado en paz.

Miriam tiene todo el derecho del mundo a sentir lo que siente.

Y sin embargo, lo que siente Miriam no cambia lo que le hicieron.

La psicología lleva décadas estudiando los mecanismos que operan en víctimas de secuestro, apropiación y trauma temprano. El síndrome de Estocolmo —ese vínculo paradójico que se forma entre el secuestrado y su captor— fue identificado por primera vez en 1973, el mismo año en que la dictadura argentina comenzaba a gestarse en los sótanos del poder. La identificación con el agresor, descrita por Anna Freud, explica por qué una víctima puede no solo amar a su victimario sino defenderlo con una convicción que parece indestructible. La disonancia cognitiva, la disociación traumática, la lealtad de los hijos hacia sus cuidadores primarios —independientemente del origen de esa crianza— son fenómenos universales, documentados, comprensibles.

Miriam fue criada desde sus primeros días de vida en una ideología concreta, en una versión del mundo construida por quienes participaron del aparato represivo. Ella misma lo dice con una honestidad que emociona: le "inculcaron un montón de valores". Su apropiadora, ella misma lo reconoce, habría "hecho lo mismo una y mil veces". El padre de crianza dice que "estando en la fuerza mucho no podías negarte". Ese último argumento, pronunciado con naturalidad, es el argumento de los cómplices del nazismo ante el tribunal de Núremberg. La obediencia debida. El engranaje que no puede detenerse. La responsabilidad disuelta en la cadena de mando.

Ningún tribunal del mundo ha aceptado ese argumento como exculpatorio. Ni en Alemania, ni en Chile, ni en Argentina.

Lo más desgarrador del testimonio de Miriam no es lo que dice. Es lo que no puede ver todavía. Cuando relata que huyó a Chile para evitar la prueba de ADN, cuando confiesa que intentó presentar ropa interior de su hermana en lugar de la propia para contaminar la muestra genética, cuando admite que "seguía negando su realidad", está describiendo, con una precisión clínica involuntaria, el funcionamiento exacto del trauma. El mecanismo de defensa operando a pleno. La mente protegiéndose de una verdad demasiado grande para ser absorbida sin quebrarse.

Que Miriam haya logrado construir una vida, encontrar amor, criar a su hijo, y hacer la paz consigo misma —todo eso es admirable, humano y profundamente respetable. Pero ninguna de esas cosas transforma en legítima su apropiación. Del mismo modo que una víctima de secuestro puede amar a su captor, puede incluso defenderlo, sin que eso absuelva el secuestro.

El crimen ocurrió. Está probado. Es uno de los más graves en el catálogo del derecho internacional: la desaparición forzada, la sustracción de identidad, la apropiación de menores como política sistemática de Estado. Que la víctima no se reconozca como tal no borra el crimen. Solo profundiza su tragedia.

Usar ese testimonio hoy, en este día, para relativizar el terrorismo de Estado, es la crueldad más refinada que puede ejercerse sobre alguien que ya fue tan profundamente dañada.

EL CASO LARRABURE: UNA TRAGEDIA REAL, UN USO ILEGÍTIMO

El secuestro, el cautiverio y el asesinato de Argentino del Valle Larrabure por el Ejército Revolucionario del Pueblo es un crimen. Un crimen verdadero, documentado, que merece ser nombrado como tal. El sufrimiento de su hijo Arturo, que creció sin padre y con una madre que no quería comer, que tuvo que ser padre de sí mismo siendo adolescente, es un sufrimiento real que ninguna persona de buena voluntad puede minimizar.

Dicho esto, hay que ser absolutamente claro: ninguna de esas verdades hace lo que el video pretende que haga.

El secuestro de Larrabure ocurrió en 1974, durante un gobierno constitucional, el de María Isabel Martínez de Perón. El ERP era una organización guerrillera que actuaba al margen de la ley y cuyos crímenes fueron juzgados como tales. Nada de eso —absolutamente nada— legitima el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ni el sistema de campos de concentración que ese golpe inauguró, ni los treinta mil desaparecidos que ese sistema produjo.

Una injusticia no justifica otra. Un crimen no habilita un aparato de exterminio. La lógica que dice "ellos también mataban" como argumento para relativizar el terrorismo de Estado es la misma lógica que podría usarse para justificar cualquier totalitarismo de la historia: siempre hubo enemigos reales o imaginados que sirvieron de coartada. Los nazis tenían sus terroristas. Los estalinistas tenían los suyos. Los Pinochet de América Latina tenían los suyos. La presencia de violencia política no disuelve la responsabilidad del Estado: la agrava, porque el Estado tiene la obligación —que ningún actor privado tiene— de responder a la violencia con la ley, no con el crimen.

Lo que ocurrió en la Argentina fue precisamente lo opuesto: el Estado abandonó la ley y se convirtió en el mayor perpetrador de violencia de la historia argentina. Cuarenta veces más personas murieron a manos del Estado dictatorial que a manos de todas las organizaciones guerrilleras juntas. Y lo hicieron de manera clandestina, sistemática, planificada desde los más altos niveles del poder. Eso es lo que distingue el terrorismo de Estado de la violencia política: la planificación institucional, la impunidad asegurada desde arriba, la deliberada destrucción de los cuerpos y los registros para que no quedara prueba.

Arturo Larrabure tiene razón en una cosa: la historia debe contarse completa. Pero contar la historia completa no significa establecer una ecuación de equivalencia falsa entre el crimen de un grupo armado ilegal y el genocidio perpetrado por un Estado. Significa nombrar cada crimen por su nombre, asignar cada responsabilidad a quien corresponde, y no usar el dolor de unas víctimas para borrar el dolor de las otras.

SOBRE LOS TREINTA MIL Y LA NATURALEZA DE LA DESAPARICIÓN

El video, por boca de Arturo Larrabure, menciona con insinuación deliberada el nombre de Luis Labraña y la supuesta invención de la cifra de los treinta mil. Es el argumento negacionista más burdo, y merece ser desarmado con precisión.

La cifra de treinta mil desaparecidos no es un invento ideológico. Es una estimación construida a lo largo de décadas sobre la base de denuncias, registros parciales, testimonios de sobrevivientes, documentación desclasificada y proyecciones estadísticas. Es, de hecho, una cifra conservadora, porque parte de la naturaleza misma del crimen: la desaparición forzada fue diseñada para que no hubiera registros. Los cuerpos fueron arrojados al Río de la Plata desde aviones, incinerados, enterrados en fosas comunes sin identificación. Las listas de detenidos fueron destruidas. Los centros clandestinos no tenían libros de guardia oficiales precisamente para que no hubiera pruebas.

Exigir una lista cerrada y verificable como condición para reconocer la existencia del crimen es como exigir los registros administrativos de Auschwitz para aceptar que el Holocausto ocurrió. Es una trampa lógica construida sobre el cadáver del crimen mismo: usar la eficacia del exterminio como argumento contra la posibilidad de probarlo.

La CONADEP, que no fue un organismo kirchnerista sino una creación del gobierno democrático de Raúl Alfonsín en 1984, documentó casi nueve mil casos con nombre, apellido y circunstancias —una minima parte de todos los sucedidos — ya que como explicamos los genocidas se encargaban de no documentar sus crimenes.

Organizaciones de derechos humanos independientes, académicos nacionales e internacionales, la Justicia argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ratificado la dimensión masiva y sistemática de las desapariciones. Discutir la cifra exacta no modifica en un ápice la naturaleza del crimen. Lo que se niega con ese debate no es un número: es la escala del horror.

LA FALSA NEUTRALIDAD Y SUS CONSECUENCIAS

El argumento más seductor del video, el que puede resonar en quienes no conocen la historia o han sido educados en el escepticismo generalizado, es el de la "historia completa" y la "visión sin imposiciones ideológicas". Suena razonable. Suena moderado. Suena, incluso, democrático.

Pero hay una trampa filosófica de proporciones en ese argumento, y hay que nombrarla.

No toda narrativa histórica es equivalente. No todas las versiones de los hechos tienen el mismo peso ético, jurídico y epistémico. La neutralidad entre el crimen y la denuncia del crimen no es neutralidad: es complicidad. Del mismo modo que no existe posición neutral entre el nazismo y sus víctimas, no existe posición neutral entre el terrorismo de Estado y quienes lo sufrieron.

La democracia argentina tardó décadas en llegar a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Los indultos de Menem en 1989 y 1990 liberaron a los máximos responsables cuando las heridas todavía sangraban. Fue necesaria una generación entera de lucha, de Madres y Abuelas que caminaron círculos bajo el sol de la Plaza de Mayo, de organismos de derechos humanos que reconstruyeron caso por caso la historia de los desaparecidos, para que la Argentina llegara a tener juicios, condenas y una política de memoria que fuera algo más que papel mojado.

Presentar eso como "imposición ideológica" o "experimento narrativo" es invertir la realidad con una elegancia que debería avergonzar a cualquiera que haya leído los fundamentos jurídicos de esos juicios. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles por decisión de la comunidad internacional, porque la experiencia del siglo XX enseñó que dejarlos impunes garantiza su repetición. Esa no es una ideología: es una conclusión histórica pagada con decenas de millones de muertos.

La memoria no es la propiedad de un partido político. La memoria es la condición mínima de la democracia. Un Estado que utiliza el Día Nacional de la Memoria para relativizar los crímenes de su dictadura no está promoviendo la reconciliación: está repitiendo, con otras herramientas, el mismo gesto autoritario que hace cincuenta años declaró subversivo el pensamiento crítico.

LO QUE SE RECUERDA, ESTÁ VIVO

Hay una frase de Marguerite Yourcenar que debería grabarse en los dinteles de todos los ministerios de educación del mundo: "La historia es el relato que los vivos hacen de los muertos." No hay relato neutro. No hay historia sin perspectiva. La pregunta no es si contamos la historia desde algún lugar —siempre lo hacemos— sino desde qué lugar la contamos y a quién sirve ese lugar.

El video del gobierno de Javier Milei, publicado hoy 24 de marzo de 2026 con el beneplácito de quienes desearían que esta fecha fuera un día más en el calendario, sirve a quienes prefieren un país sin memoria porque los países sin memoria son países sin defensas.

Sirve a quienes necesitan que la distinción entre democracia y dictadura se vuelva borrosa, porque cuando esa distinción se borra, cualquier cosa puede presentarse como una opción legítima.

Sirve a quienes quieren que las nuevas generaciones crezcan sin saber que hubo un Estado que secuestró, torturó y mató a sus propios ciudadanos con la misma frialdad burocrática con que se procesa un expediente, y que ese Estado fue juzgado, condenado y declarado criminal no por venganza sino por la ley más elemental de la civilización.

Miriam Fernández dice que hay que mirar para adelante. Arturo Larrabure dice que hay que crear puentes. Ambos dicen cosas verdaderas sobre cómo sanar una vida privada. Pero la memoria colectiva no funciona como la reconciliación individual. Una sociedad no puede "mirar para adelante" borrando su pasado del mismo modo que un individuo puede, con el trabajo de años y la ayuda de quienes lo aman, encontrar paz con su historia. Una sociedad que olvida sus crímenes no sana: se vuelve vulnerable. Se vuelve mentirosa consigo misma. Y la mentira, en los organismos colectivos, tarde o temprano produce fiebre.

El Nunca Más no fue un eslogan. Fue un diagnóstico. Fue la Argentina mirando el abismo que había sido y diciéndose a sí misma: esto no debe repetirse, y para que no se repita, debe recordarse.

Ese es el sentido del 24 de marzo. No el odio, no la revancha, no la "imposición ideológica". El recuerdo como vacuna. La memoria como arquitectura defensiva de una democracia que sabe que es frágil y que ha pagado un precio incalculable por aprenderlo.

Hoy, mientras el gobierno difunde un video que usa el dolor genuino de sus víctimas para instalar la duda sobre lo que no admite dudas, treinta mil familias argentinas siguen buscando respuestas que el Estado les debe desde hace cincuenta años. Treinta mil historias interrumpidas. Treinta mil nombres que el tiempo no ha podido borrar, precisamente porque hubo quienes se negaron a dejar que los borraran.

Lo que se recuerda, está vivo.

Y lo que se intenta olvidar hoy, desde el poder, también nos dice algo sobre quién tiene interés en que muera. Ni perdon, ni olvido. NUNCA MAS