La Cuba: Donde el poder nunca volvió al Pueblo

Una isla que prometió justicia social lleva medio siglo sin permitir que sus ciudadanos elijan o cambien a sus gobernantes

E

l pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo perdió un diente y varios empastes el 11 de julio de 2021. Los policías antidisturbios lo detuvieron, lo llevaron a rastras y lo golpearon con bastones en la espalda y el rostro después de una protesta pacífica en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Su hijo de 17 años también fue arrestado por preguntar dónde estaba su padre. En el camino lo golpearon y perdió el conocimiento. Al despertarse, los policías estaban orinando sobre él.

No fue un incidente aislado. Más de 1.000 personas fueron detenidas durante las protestas de julio de 2021, las más masivas desde el triunfo revolucionario de 1959. Hasta la fecha, 1.986 personas fueron detenidas en relación con protestas sociales en Cuba. De estas, 804 continúan en detención. Algunos recibieron condenas de hasta 20 años de prisión por el delito de «sedición».

Mientras los cubanos enfrentan interrupciones del servicio que superaban las 20 horas diarias y ven su comida pudrirse en refrigeradores sin electricidad, el gobierno sostiene que en la isla existe una «democracia popular». La realidad desmiente esa ficción: 470 escaños y para ellos habrá nada más y nada menos que 470 candidatos, el mismo número que escaños disponibles. No hay competencia. No hay elección real.

La revolución sin urnas

¿Cuándo fue la última vez que los cubanos pudieron elegir libremente a sus gobernantes? La respuesta retrocede hasta antes del golpe de Fulgencio Batista en 1952. Durante el periodo comprendido entre 1940 y 1952 existió en Cuba un sistema democrático inclusivo que permitió la competencia de diversos partidos políticos. Desde entonces —primero con Batista, luego con la Revolución— la isla no ha vuelto a conocer elecciones genuinas.

El sistema actual, establecido en la Constitución de 1976 y mantenido en la de 2019, consagra al Partido Comunista como único legal. Las nominaciones son realizadas por organizaciones como la Central de Trabajadores de Cuba, el Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, entre otras, todas subordinadas al Gobierno y al Partido Comunista.

Los defensores del régimen arguyen que existe participación popular. Técnicamente votan. Pero votar no es lo mismo que elegir. Cuando hay exactamente el mismo número de candidatos que de escaños disponibles, cuando todos los candidatos pertenecen o son avalados por el único partido legal, cuando la oposición está penalizada y no se pueden realizar campañas electorales donde se contrasten ideas, el voto deviene ritual vacío.

La abstención creciente lo confirma: En las elecciones municipales de 2021, 31.5% de los cubanos optó por no votar. Muy distantes quedan las tasas de participación superiores al 95% en tiempos de Fidel Castro. Cuando las papeletas son solo papeles sin contenido, el pueblo vota con los pies.

Derecha e izquierda, una falsa dicotomía

El debate sobre si Cuba es una dictadura suele empantanarse en discusiones ideológicas sobre socialismo versus capitalismo, sobre el embargo estadounidense, sobre los logros en salud y educación. Pero estos son desvíos del punto central: Para ser democracia se requiere, cuando menos, de elecciones libres y competitivas donde participe más de un partido político y haya la posibilidad de ganar, pero también (y especialmente) de perder.

Una dictadura de derecha que privatiza empresas sin consultar al pueblo es tan ilegítima como una de izquierda que las nacionaliza sin mandato electoral. El Pinochet que torturó en nombre del libre mercado y el Castro que encarceló en nombre del socialismo comparten el mismo pecado original: usurpar la soberanía popular.

La legitimidad política no proviene del programa económico sino del consentimiento de los gobernados, expresado periódicamente en urnas donde puedan cambiar el rumbo si así lo desean. Sin esa válvula de escape democrática, todo poder deviene tiránico, sin importar la bandera que enarbole.

Perseguir ideas, callar voces

La represión sistemática contra quienes disienten revela la naturaleza del régimen. Human Rights Watch comprobó que las violaciones de derechos en el contexto de las protestas en Cuba siguen patrones que sugieren claramente la existencia de un plan para impedir que las personas protesten, castigar a quienes lo hacen y generar temor.

Los métodos son variados pero consistentes. Agentes de las fuerzas de seguridad los intimidaron repetidamente, en algunos casos obligándolos a abandonar el país. Para quienes permanecen, el arsenal represivo incluye detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos donde muchos manifestantes y transeúntes fueron condenados en base a evidencias poco confiables o sin corroborar, tales como declaraciones exclusivamente de miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas «huellas de olor» de los acusados encontradas en piedras.

El nuevo código penal aprobado en mayo de 2022 profundiza el control: incluye múltiples normas vagas e imprecisas que podrían ser utilizadas para criminalizar la oposición pacífica al gobierno. Protestar pacíficamente o insultar al presidente se enmarcan como conductas delictivas. La libertad de expresión, ese derecho fundamental de toda democracia, simplemente no existe.

Oscuridad literal y simbólica

Los apagones que azotan la isla funcionan como metáfora perfecta del sistema político. La mayoría de los residentes de La Habana cuentan con suerte si tienen energía durante más de unas pocas horas al día. En algunas provincias, los vecinos registran hasta 20 horas sin electricidad diarias.

La población de Cuba ha caído una quinta parte en los últimos dos años, de 11 millones a menos de 9 millones. Los que se van son mayoritariamente jóvenes, dejando atrás un país envejecido y sin esperanza. Un economista cubano-estadounidense lo llama una «policrisis» —múltiples crisis superpuestas que se retroalimentan mutuamente.

El gobierno culpa al embargo estadounidense, niega la magnitud del problema y promete recuperaciones milagrosas que nunca llegan. A principios de este año, el gobierno predijo que el PIB de 2025 crecería un 1%, contradiciendo la mayoría de las evaluaciones de que la economía está en recesión. Mientras tanto, los cortes interrumpen cadenas productivas, encarecen los costes operativos y reducen la calidad de vida.

La crisis energética ha sido el detonante de movilizaciones como las del 11-J en 2021, los disturbios de agosto de 2022 o las manifestaciones de marzo de 2024. Cada apagón es un recordatorio de la incapacidad del sistema para proveer lo más básico a su población.

¿Qué haría falta para democratizar Cuba?

La transición democrática en Cuba requeriría cambios fundamentales que el régimen se niega siquiera a considerar. Primero, la legalización de partidos políticos independientes y la garantía de que puedan competir en igualdad de condiciones. Segundo, elecciones supervisadas por observadores internacionales imparciales, con padrones transparentes y resultados verificables. Tercero, libertad de prensa y expresión, permitiendo el debate público de ideas y propuestas sin temor a represalias.

También sería necesario reformar el poder judicial para garantizar su independencia, liberar a todos los presos políticos, y establecer mecanismos de rendición de cuentas que permitan a los ciudadanos fiscalizar a sus gobernantes. Nada de esto es utópico —docenas de países han transitado de dictaduras a democracias en las últimas décadas.

Pero mientras el Partido Comunista mantenga el monopolio del poder, mientras las elecciones sigan siendo una farsa donde todos los candidatos ganan porque no hay competencia real, mientras la disidencia sea criminalizada y los jóvenes sigan huyendo en masa, Cuba continuará siendo lo que es: una revolución que traicionó sus promesas al negar al pueblo el derecho fundamental de elegir su destino.

El peso de la verdad

«El gobierno todavía tiene una capacidad extraordinaria de represión, y la gente tiene miedo», dice un exdiplomático cubano citando un adagio popular: «Nadie puede arreglar esto, pero nadie puede derribarlo tampoco».

Pero la historia enseña que ninguna dictadura es eterna. El Muro de Berlín parecía inamovible hasta que cayó. Las dictaduras militares sudamericanas parecían invencibles hasta que cedieron. El apartheid sudafricano parecía inmutable hasta que se derrumbó.

Lo que define a una democracia no es la orientación económica del gobierno, no es el nivel de intervención estatal en la economía, no es siquiera el bienestar material de la población. Es algo más simple y más profundo: el derecho del pueblo a cambiar pacíficamente a sus gobernantes cuando así lo decida.

Una revolución que después de 65 años no se somete al veredicto de las urnas libres no es una revolución del pueblo. Es una élite que se perpetúa en el poder mientras invoca al pueblo para justificar su permanencia. Es, en una palabra que los revolucionarios de 1959 habrían entendido perfectamente, una traición.

Los cubanos merecen lo que cualquier pueblo merece: el derecho a equivocarse y corregir, a elegir y cambiar de opinión, a castigar la incompetencia y premiar el buen gobierno. Merecen, en suma, democracia. No una «democracia popular» sin elecciones reales, no una «democracia revolucionaria» de partido único, sino democracia a secas: ese sistema imperfecto pero insustituible donde el poder emana del pueblo y regresa periódicamente a él para su renovación o rechazo.

Hasta que eso ocurra, cada apagón en la isla iluminará una verdad que ninguna retórica puede ocultar: sin elecciones libres, toda revolución deviene dictadura. Sin importar su color ideológico.