Por Gavroche Editorial
El opio intelectual de las élites
En las tertulias de Puerto Madero y los círculos académicos de las universidades privadas, pocas nociones resultan tan seductoras como la meritocracia. Este concepto, que promete un mundo donde el talento y el esfuerzo individual determinan el destino de las personas, se ha convertido en el nuevo evangelio de las clases dominantes argentinas. Sin embargo, detrás de su barniz progresista y su promesa de justicia, la meritocracia oculta una verdad incómoda: es el mecanismo ideológico más eficaz para legitimar y perpetuar las desigualdades estructurales que desgarran el tejido social argentino.
La meritocracia no es una teoría. Es una coartada. Un andamiaje ideológico, sólido como un dogma religioso, que pretende explicar el éxito como fruto del esfuerzo, y el fracaso como evidencia de pereza o incapacidad. Bajo su apariencia progresista —la promesa de una sociedad donde cualquiera puede “llegar”— se esconde un dispositivo brutal: la legitimación moral de la desigualdad.
El discurso meritocrático no es inocente. Es una construcción política deliberada que busca transformar los privilegios de clase en virtudes individuales, convirtiendo la lotería del nacimiento en una supuesta demostración de superioridad personal. En una Argentina donde el 66,1% de los niños y niñas menores de 14 años vive en situación de pobreza y el 27% en indigencia, sostener que el éxito depende únicamente del mérito individual constituye no solo una falsedad empírica, sino una violencia simbólica contra millones de argentinos que nunca tuvieron las mismas oportunidades de partida.
Los números que desmienten la ficción meritocrática
Los datos son contundentes e inapelables. Según las últimas cifras del INDEC correspondientes al primer semestre de 2024, la pobreza infantil trepó al 66,1%, lo que equivale a casi 7 millones de menores de 14 años que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Más alarmante aún, 2,8 millones de niños viven en situación de indigencia, es decir, sus familias no pueden siquiera garantizar una alimentación mínima.
Estos números no representan meramente estadísticas frías; son la demolición empírica del mito meritocrático. ¿Cómo puede sostenerse que el éxito depende del esfuerzo individual cuando casi 7 millones de niños argentinos inician su vida en condiciones de privación extrema? ¿Qué mérito puede exhibir un niño que debe elegir entre estudiar o ayudar a su familia a conseguir el sustento diario?
La Encuesta Permanente de Hogares revela que el ingreso familiar promedio de los hogares pobres fue de $407.171, mientras que la Canasta Básica Total promedio ascendió a $709.318. Esta brecha del 42,6% no es producto de la falta de esfuerzo o talento; es el resultado de una estructura económica que concentra la riqueza y excluye sistemáticamente a vastos sectores de la población.
UNICEF, en su informe de 2024, proyectaba que de mantenerse las tendencias actuales, la prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre de 2024 alcanzaría valores en torno al 70%, mientras que la indigencia llegaría al 34%. La realidad superó incluso estas proyecciones pesimistas, confirmando que nos encontramos ante una crisis estructural que ningún esfuerzo individual puede resolver.
La brecha educativa: el talón de Aquiles del discurso meritocrático
Si la educación es supuestamente el gran igualador social, los datos sobre desigualdad educativa y brecha digital en Argentina destrozan cualquier pretensión meritocrática. La pandemia de COVID-19 actuó como un lente de aumento que evidenció las profundas asimetrías del sistema educativo argentino.
Según estudios basados en datos del operativo Aprender 2016, se encontró que el acceso a tecnologías de información y comunicación entre los adolescentes no es igualitario. Si bien la tenencia de celular propio es bastante universal, se encuentra que una importante proporción no tiene acceso a computadora ni internet en el hogar. Sobretodo ahora que fueron desarticulados los programas destinados a reparar esta desigualdad. Esta distribución desigual varía si se la condiciona según ámbito urbano-rural, género, sector de gestión de la escuela a la cual asiste, nivel socioeconómico y provincia.
La brecha digital no es meramente tecnológica; es una brecha de oportunidades que se traduce directamente en desigualdad educativa. Un análisis inferencial reveló que el acceso y determinados usos de las TIC están correlacionados con el desempeño académico, trasladando a esta variable la desigualdad encontrada. En otras palabras, la falta de acceso a tecnologías se convierte en una desventaja académica permanente que condiciona las trayectorias educativas y, por ende, las oportunidades futuras.
Durante la pandemia, según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, en nuestro país 37 de cada 100 hogares no tienen acceso a internet fijo. Esta cifra revela que más de un tercio de los estudiantes argentinos enfrentaron serias dificultades para acceder a la educación remota, no por falta de esfuerzo o capacidad, sino por limitaciones estructurales que escapan completamente a su control.
El problema se agrava cuando consideramos que el 23% de los niños de 3 a 5 años no están escolarizados, y que aunque hubo avances en la asistencia a la educación inicial desde 2010, las disparidades entre diferentes estratos sociales persisten de manera alarmante, exacerbando la brecha socioeconómica. Estos datos demuestran que el acceso a la educación de calidad sigue siendo un privilegio de clase, no una oportunidad universal basada en el mérito.
La genealogía del engaño: historia del discurso meritocrático en Argentina
El discurso meritocrático en Argentina no surgió de la nada; tiene una genealogía precisa que se remonta a los años noventa y que ha mutado estratégicamente para adaptarse a cada coyuntura política. Durante la era menemista, la meritocracia se presentó como el correlato ideológico de las reformas estructurales neoliberales. La privatización de empresas públicas, la apertura económica y la desregulación se justificaron bajo el argumento de que el mérito individual y la eficiencia del mercado reemplazarían la supuesta ineficiencia estatal.
Carlos Menem y su equipo económico promovieron la idea de que Argentina ingresaba al «primer mundo» y que cada argentino podría ascender socialmente mediante el esfuerzo personal. Esta narrativa ocultaba deliberadamente que para recaudar fondos que pudieran abonar al pago de la deuda externa, además de privatizar las empresas, se incrementaron los impuestos al consumo (19% en impuesto al valor agregado [IVA] que estaba en el 13%), así como las tarifas (más de 200% en el servicio de luz, 300% en teléfonos y 90% en gas) y se redujo el gasto público. Estas medidas, lejos de crear igualdad de oportunidades, profundizaron las desigualdades estructurales.
El discurso meritocrático resurgió con renovada fuerza durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Mauricio Macri intentó presentarse como un liberal democrático que buscaba «unir a los argentinos». Pese a ello, su gobierno mixturó una identidad antiperonista clásica con un neoliberalismo remozado. El macrismo desarrolló una sofisticada operación ideológica que combinaba la retórica de la modernización con el discurso emprendedor.
Una de las principales innovaciones del gobierno de Cambiemos consistió en la estructuración de un gabinete basado en CEOs que provenían de las grandes empresas privadas. Junto con los CEOs, se expandieron sus ideas neoliberal-manageriales. Esta composición del gabinete no era casual; buscaba legitimar la idea de que los empresarios exitosos, por su supuesto mérito, eran los más capacitados para gobernar.
El macrismo desempolvó uno de los mitos fundantes del neoliberalismo, que asume que el productor individual genera riqueza a través de su propio esfuerzo y mérito personal, y que el Estado es un estorbo que interfiere y restringe su libertad individual. Este relato se articuló con una fantasía objetivista-tecnocrática que considera que gobernar el Estado es igual a gestionar de forma meramente técnica, objetiva y eficiente los recursos económicos.
Los resultados de esta gestión «meritocrática» fueron devastadores. Durante el término del mandato de Macri el peso argentino había ya perdido 80% de su valor, afrontaba una deuda pública de más de 90% de su PIB, 35% de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza, con los salarios paralizados y un nivel de desempleo por arriba de 10%. La paradoja es elocuente: quienes llegaron al poder invocando su mérito empresarial produjeron uno de los mayores fracasos económicos de la historia argentina reciente.
Sandra Carli, investigadora del Conicet y profesora de la UBA, ha señalado con precisión que «que el macrismo insista con la meritocracia es una provocación», y ha advertido que «relacionar los méritos con el esfuerzo es una cosa muy jodida». Según Carli, «es el privilegio de los mejores y asociado con los más ricos. El discurso de Macri justifica un Estado que se corre de su rol social y a la vez hace unos negocios espectaculares que son poco esfuerzo y mucha ganancia».
El análisis de Carli revela la hipocresía fundamental del discurso meritocrático macrista: «Los voceros locales del pensamiento neoliberal defienden la meritocracia, al mismo tiempo que han cuestionado el valor de títulos y acreditaciones universitarias y la expansión territorial de las universidades. Ello para propiciar una formación fastfood y la defensa de las ‘habilidades blandas’, entre otras las que se destaca la de hacer negocios y ‘emprender’. Han hecho enormes ajustes en el área de Ciencia y Técnica, legitimado la fuga de capitales y contraído deudas sin antecedentes que minaron toda posibilidad de progreso».
Actualmente, el discurso meritocrático ha encontrado nuevos voceros en el movimiento libertario encabezado por Javier Milei. Hace tiempo el charlatán mediático del libertarismo criollo, Javier Milei, aseguraba que la superioridad del capitalismo porque aseguraba el derecho de todos de consumir Coca Cola. Esta afirmación, aparentemente trivial, revela la pobreza conceptual del libertarismo argentino, que reduce la justicia social al acceso diferencial al consumo.
La falacia de la igualdad de oportunidades
El discurso meritocrático se sustenta en la ficción de la igualdad de oportunidades. Según esta narrativa, todos los individuos parten desde la misma línea de largada y las diferencias en los resultados se explican exclusivamente por el esfuerzo y el talento personal. Esta premisa es empíricamente falsa y conceptualmente perversa.
La realidad argentina demuestra que el discurso de la meritocracia para funcionar tiene que negar la pertenencia a distintas clases sociales, el acceso a la propiedad privada de los grandes medios de producción y cambio y los privilegios que conllevan.
Los datos sobre movilidad social en Argentina confirman esta crítica. Según estudios del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, los elevados niveles de pobreza monetaria, las carencias crónicas y las desigualdades sociales estructurales han resultado en la conformación de dos generaciones de nuevos pobres. La investigación revela que la imposibilidad de generar políticas de crecimiento inclusivo y sostenido ocasionaron, por una parte, un deterioro significativo en las condiciones de vida de los sectores históricamente más vulnerables y por otra, un brusco descenso social, material y simbólico, de clases medias tradicionales, revirtiendo los procesos de movilidad social intergeneracional.
Esta evidencia contradice frontalmente la narrativa meritocrática. Si el mérito individual fuera el factor determinante del éxito, no deberíamos observar este patrón de movilidad social descendente que afecta incluso a las clases medias tradicionales. Los datos sugieren que las transformaciones estructurales de la economía argentina han creado barreras sistemáticas a la movilidad ascendente que no pueden superarse mediante el esfuerzo individual.
Los medios hegemónicos y la propaganda del esfuerzo individual
Los grandes medios de comunicación argentinos han jugado un papel fundamental en la difusión del discurso meritocrático. Como respuesta al aumento de la desigualdad y la pobreza, los grandes medios hegemónicos recurren al discurso de la meritocracia, postulando como ejemplos a aquellos que se «salvaron» siendo emprendedores. El esfuerzo individual contra la lucha colectiva.
Esta estrategia comunicacional es sistemática y deliberada. En Clarín podemos leer la historia de Jorge Gómez que pasó de una humilde familia en lomas del Mirador a ser propietario de una marca de gabinetes eléctricos. En Infobae nos topamos con la historia de César Sanabria, habitante de la Villa 31, recibido de flamante arquitecto. En La Nación, todas las semanas nos encontramos con historias de emprendedores que, luego de supuestamente irse del país con lo puesto, logran en el exterior realizar sus objetivos empresariales.
El mensaje es claro, para salir de la pobreza hay que apelar al esfuerzo individual. O, dicho de otra manera, la pobreza es responsabilidad de quien la padece por no esforzarse lo suficiente. Esta narrativa cumple una función ideológica precisa: individualizar las causas de la desigualdad para exonerar de responsabilidad a las estructuras económicas y políticas que la producen.
La lógica de los casos excepcionales es particularmente perversa. Por cada César Sanabria que logra recibirse de arquitecto viviendo en la Villa 31, existen miles de jóvenes talentosos que no pueden acceder a la educación superior por las condiciones materiales de sus hogares. El discurso de la meritocracia de los medios hegemónicos intenta ocultar tras la falacia de la igualdad de oportunidades, el problema de la desigualdad real generada por la administración capitalista de la pandemia.
La violencia simbólica de la responsabilización individual
El discurso meritocrático no es solo falso; es violento. Los defensores del discurso meritocrático buscan introyectar la responsabilidad individual en nuestra propia conciencia: si algo no resulta, es porque «no te habrás esforzado lo suficiente». Esta responsabilización individual constituye una forma de violencia simbólica que culpabiliza a las víctimas de la desigualdad estructural.
Cuando un niño de 10 años debe abandonar la escuela para trabajar y ayudar a su familia, el discurso meritocrático lo condena por «no esforzarse lo suficiente» en sus estudios. Cuando una adolescente embarazada de un barrio popular no puede acceder a la universidad, la narrativa dominante la responsabiliza por «sus malas decisiones». Esta culpabilización sistemática de los sectores populares es funcional a la reproducción del orden social desigual.
La meritocracia viene a ser el discurso para justificar la desigualdad como producto legítimo de la igualdad de oportunidades. La situación social sería el producto de la división entre quienes tienen la astucia y la iniciativa emprendedora para aprovechar las crisis y quienes no tienen ni el talento ni hacen el esfuerzo suficiente para sustraerse de su situación de miseria.
Esta lógica pervierte completamente el concepto de justicia social. De esta manera la desigualdad se racionaliza y justifica con la idea de que los ricos merecen su fortuna porque son más listos y trabajan más, mientras que los pobres merecen serlo porque son vagos y malentretenidos. La referencia histórica es reveladora: como solía calificar al gaucho la oligarquía criolla. El discurso meritocrático contemporáneo reproduce los mismos prejuicios clasistas que caracterizaron a la elite argentina del siglo XIX.
La meritocracia como mecanismo de reproducción de clase
Desde una perspectiva sociológica, la meritocracia funciona como un sofisticado mecanismo de reproducción de las relaciones de clase. Pierre Bourdieu demostró cómo el capital cultural se transmite intergeneracionalmente, creando ventajas competitivas que se disfrazan de mérito individual. En Argentina, este proceso es particularmente evidente en el acceso a la educación superior de calidad.
Los hijos de las familias acomodadas no solo tienen acceso a mejores colegios privados; también cuentan con capital cultural familiar (padres profesionales que pueden ayudar con las tareas, bibliotecas domésticas, viajes educativos), capital social (redes de contactos que facilitan el acceso a trabajos calificados) y capital económico (que les permite dedicarse exclusivamente a estudiar sin trabajar). Estas ventajas acumulativas se traducen en mejores credenciales educativas y mejores oportunidades laborales, que luego se presentan como «mérito personal».
La meritocracia apareció como una suerte de nueva doctrina a expandir desde el poder político. Si ese discurso enraíza en el gran empresariado, encuentra un interlocutor privilegiado en las clases medias. Allí cuaja fuertemente la idea de que el individuo, en base a sus méritos, puede consagrarse. Esta penetración del discurso meritocrático en las clases medias es particularmente preocupante porque fragmenta las solidaridades sociales necesarias para enfrentar la desigualdad estructural.
Como señalamos en un debate reciente, Cambiemos aparece hoy como la herramienta política del gran empresariado para avanzar en imponer nuevas condiciones de flexibilización y precarización sobre la clase trabajadora. Esa es su apuesta central en las actuales condiciones de la economía mundial. En el terreno de las ideas, la meritocracia acompaña ese plan.
El costo social de la meritocracia
Los costos sociales del discurso meritocrático son enormes y multidimensionales. En primer lugar, genera una naturalización de la desigualdad que obstaculiza la construcción de políticas redistributivas. Si la pobreza es percibida como resultado del demérito individual, la sociedad se vuelve reacia a implementar transferencias de ingresos o políticas de inclusión social.
En segundo lugar, la meritocracia debilita los lazos de solidaridad social. La demonización del pobre acompaña a la meritocracia como la sombra al cuerpo. La demonización es inevitable en todas partes por las desigualdades. La desigualdad es irracional, la concentración del poder y la riqueza en pocas manos son la causa del empobrecimiento general, por ende, para esconder esta realidad, es necesario demonizar a la pobreza.
En tercer lugar, el discurso meritocrático promueve una competencia destructiva que erosiona los vínculos comunitarios. Cuando cada individuo es responsable exclusivo de su destino, la cooperación y la acción colectiva pierden sentido. Esta atomización social es funcional a los intereses de las élites, que pueden ejercer su dominación sin enfrentar resistencias organizadas.
Finalmente, la meritocracia genera frustración y malestar psicológico en amplios sectores de la población. Los individuos que no logran «ascender socialmente» internalizan la culpa por su supuesto fracaso personal, cuando en realidad son víctimas de una estructura social que limita sistemáticamente sus oportunidades.
Los límites estructurales del mérito individual
Los datos sobre estructura ocupacional y mercado laboral en Argentina revelan los límites objetivos del mérito individual como factor explicativo del éxito profesional. La demanda laboral queda estratificada en tres grandes segmentos de empleo: segmento primario o empleos regulados, segmento secundario o empleos extralegales y segmento terciario o empleos de indigencia, como empleos no regulados.
Esta segmentación del mercado laboral demuestra que no existe un único mercado de trabajo sino diferentes segmentos bajo marcos institucionales disímiles, representando desiguales modalidades de inserción, relaciones laborales y calidad de los puestos de trabajo. El acceso a empleos de calidad no depende exclusivamente del mérito individual, sino de factores estructurales que escapan al control de los trabajadores.
La precarización laboral afecta particularmente a los jóvenes. Aunque con el tiempo los jóvenes hayan ido alcanzado mayores niveles educativos respecto a las anteriores generaciones, continúan sufriendo dificultades en materia laboral. Esta paradoja demuestra que el incremento en las credenciales educativas no se traduce automáticamente en mejores oportunidades laborales cuando la estructura productiva no genera empleos de calidad suficientes.
En la actualidad los jóvenes cuentan con más años de escolaridad en relación con las generaciones anteriores, pero esto no encontraría su correlato en una mejor calidad educativa. La creciente debilidad de la institución escolar, que supo ser definida como un motor de ascenso social, se ha constituido en un mecanismo de reproducción de la pobreza y la desigualdad.
Argentina en el contexto regional: una desigualdad estructural
Argentina no es una excepción en América Latina. Según la CEPAL, para América Latina —la región más desigual del mundo— la desigualdad social representa, además, un rasgo estructural y por tanto un desafío fundamental. Sin embargo, la especificidad argentina radica en la persistencia de altos niveles de desigualdad a pesar de contar con instituciones educativas y de protección social más desarrolladas que otros países de la región.
Durante gran parte del siglo XX, los rasgos distributivos de la sociedad argentina destacaban por el nivel de integración y homogeneidad en su estructura social y mercados laborales, frente al resto de la región. A partir del último cuarto de siglo y hasta el presente, – más de 50 años de historia, incluyendo 40 años de recuperación democrática- la dinámica político-económica ha llevado a un escenario muy distinto.
Esta transformación estructural de la sociedad argentina debilita aún más los argumentos meritocráticos. Si durante décadas Argentina logró construir una sociedad relativamente igualitaria con alta movilidad social ascendente, la reversión de este proceso no puede explicarse por un súbito deterioro del «mérito» de los argentinos, sino por transformaciones en el modelo económico y las políticas públicas.
La crítica económica al mérito como categoría explicativa
Desde la economía política, el concepto de mérito como factor explicativo del éxito económico presenta serias limitaciones teóricas y empíricas. La distribución del ingreso en las sociedades capitalistas responde fundamentalmente a la estructura de la propiedad, no al mérito individual de los propietarios.
La meritocracia se basa en la explotación de la fuerza de trabajo, no en el talento individual. El éxito consistiría en dejar de ser explotado uniéndose a las filas de los explotadores. Esta observación revela la naturaleza clasista del discurso meritocrático: no cuestiona la explotación, sino que la presenta como una oportunidad de ascenso individual.
Los economistas especializados en desigualdad han demostrado que la concentración de la riqueza en las sociedades contemporáneas responde principalmente a la herencia intergeneracional y a la rentabilidad del capital, no al mérito de los individuos. Thomas Piketty mostró cómo en las economías desarrolladas, la tasa de retorno del capital supera sistemáticamente la tasa de crecimiento económico, lo que implica que la riqueza heredada crece más rápido que la riqueza generada por el trabajo.
En Argentina, esta dinámica se expresa en la persistencia de una elite económica que mantiene su posicion dominante a través de generaciones, independientemente de sus méritos individuales. Las grandes fortunas argentinas se basan fundamentalmente en la propiedad de tierras (que fueron apropiadas mediante la violencia estatal en el siglo XIX), en posiciones dominantes en sectores oligopólicos y en la capacidad de capturar rentas extraordinarias a través de la influencia política.
Casos concretos: cuando la estructura vence al esfuerzo
Para ilustrar la falsedad del discurso meritocrático, resulta útil analizar casos concretos que revelan cómo las determinaciones estructurales prevalecen sobre el esfuerzo individual.
El caso de la educación en el NOA y NEA: El Norte argentino, particularmente el NOA y el NEA, continúa siendo la región más golpeada, con aglomerados como Gran Salta, Formosa, La Rioja, Gran Paraná y Gran Resistencia con tasas de pobreza infantil muy por encima del promedio nacional. Esta desigualdad territorial no puede explicarse por diferencias en el mérito o esfuerzo de las poblaciones regionales, sino por la concentración histórica de inversiones públicas y privadas en el área metropolitana de Buenos Aires.
La brecha entre CABA y el interior: Los datos revelan una disparidad escandalosa en las oportunidades educativas. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires la pobreza infantil alcanza el 27,1% —el nivel más bajo del país—, en Concordia la situación es alarmante: tres de cada cuatro chicos viven en hogares pobres, lo que eleva el índice al 75%, el más alto registrado a nivel nacional. Esta diferencia de 48 puntos porcentuales no refleja diferencias en el mérito de los niños, sino desigualdades estructurales en el acceso a oportunidades.
El acceso diferencial a la tecnología: Durante la pandemia, la brecha digital evidenció cómo el acceso a la educación depende de factores completamente ajenos al mérito estudiantil. Cuando analizamos los datos vemos distintos niveles de desigualdad, porque en un hogar, aunque haya conectividad, muchas veces la única herramienta para acceder es el celular. Un estudiante que debe tomar clases virtuales desde un celular compartido con toda su familia claramente parte de una posición desventajosa respecto a quien cuenta con una computadora propia y conexión de alta velocidad.
La reproducción ocupacional intergeneracional: Los estudios de movilidad social revelan que también se señalan dos procesos antagónicos que caracterizan dicha transición: por una parte, una movilidad estructural ascendente vinculada al aumento del peso de puestos técnicos y profesionales y, en el polo opuesto, una descendente originada por la desaparición de puestos obreros asalariados, así como por la reducción del empleo público y su recambio por servicios informales o inestables. Esta transformación de la estructura ocupacional muestra que las oportunidades individuales dependen de cambios macro-económicos que escapan al control personal.
La función ideológica de la meritocracia
La meritocracia cumple una función ideológica precisa en el capitalismo contemporáneo: legitimizar la desigualdad presentándola como resultado de diferencias naturales en el mérito individual. Esta operación ideológica es particularmente eficaz porque combina elementos verdaderos (el esfuerzo individual efectivamente importa) con una conclusión falsa (el esfuerzo individual es el factor determinante del éxito).
En la antigua Grecia el mérito era contestatario al poder; no lo protegía, surgía de los pensadores del conocimiento como posibilidad frente a las familias poderosas. Históricamente, una corriente de filósofos asoció la noción de mérito con criterios de justicia, «dando a cada uno lo que corresponde» (tambien clasica definicion de Justicia de Santo Tomas) según lo que la sociedad considera «valioso o digno de recompensa». Sin embargo, la meritocracia contemporánea ha invertido completamente este sentido original.
En la actualidad, ¿puede defenderse la meritocracia como un marco o modelo ordenador del progreso? ¿Cuál es el «esfuerzo» realizado por una persona que gana mucho dinero vendiendo acciones en el carry-trade o a través de la especulación financiera? ¿Es mayor que el esfuerzo diario no debidamente recompensado de millones de trabajadores y trabajadoras?
Esta pregunta revela la hipocresía fundamental del discurso meritocrático contemporáneo. Los mayores patrimonios argentinos no se han construido mediante el esfuerzo productivo, sino através de la especulación financiera, la captura de rentas extraordinarias y la apropiación de recursos públicos. ¿Dónde está el mérito en comprar dólares en el mercado oficial para venderlos en el mercado paralelo? ¿Qué esfuerzo implica heredar estancias de miles de hectáreas?
El libertarismo mileísta: la meritocracia en su forma más brutal
El discurso meritocrático argentino alcanzó su expresión más extrema y despiadada con la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023. El economista libertario no solo retomó los tópicos clásicos del neoliberalismo meritocrático, sino que los radicalizó hasta convertirlos en una ideología de la crueldad social que presenta el sufrimiento de los más vulnerables como una consecuencia natural e inevitable de sus propias limitaciones.
En su discurso de Davos 2024, Milei expuso con claridad meridiana su visión del mundo: «La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico». Esta declaración, aparentemente técnica, oculta una filosofía profundamente meritocrática que responsabiliza exclusivamente a los individuos por su destino económico, negando cualquier papel del Estado en la garantía de derechos básicos.
El modelo mileísta llevó la meritocracia argentina a su punto más extremo. Durante su primer año de gestión, el gobierno de Javier Milei llevó adelante el mayor ajuste del gasto social desde el inicio de nuestra serie en 2002. La mayor parte del ajuste se concentró en las políticas sociales destinadas a jóvenes y adultos, con una reducción del 39,8% en términos reales. De cada diez pesos que se destinaban a programas para jóvenes y adultos, cuatro han sido recortados. Esta política de tierra arrasada social se justifica discursivamente mediante la retórica meritocrática: quienes pierden los beneficios sociales es porque no se «esforzaron lo suficiente» para prescindir de la «ayuda estatal».
La retórica del «ñoqui» y el emprendedor exitoso
Una de las innovaciones discursivas más perversas del mileísmo es la contraposición sistemática entre el «ñoqui» estatal (el empleado público supuestamente improductivo) y el emprendedor exitoso. En su presentación del Presupuesto 2025, Milei se jactó: «Gestionar es echar los 31 mil ñoquis que hemos echado». Esta declaración revela cómo el gobierno utiliza la retórica meritocrática para justificar la destrucción del empleo público y la precarización laboral masiva.
El concepto de «ñoqui» es particularmente insidioso desde una perspectiva meritocrática, porque presupone que existe una categoría de trabajadores que no «merecen» su empleo por falta de productividad o mérito. Esta categorización moral del trabajo es funcional a la destrucción de derechos laborales: si algunos trabajadores son «ñoquis», entonces despedirlos no es una injusticia sino una rectificación meritocrática.
Paralelamente, el discurso mileísta exalta la figura del emprendedor individual como modelo a seguir. En las redes sociales oficiales y en los discursos presidenciales se multiplican las referencias a quienes «se las ingeniaron» para prosperar sin ayuda estatal. Esta narrativa oculta sistemáticamente las condiciones estructurales que permiten el emprendimiento exitoso: acceso a capital, redes de contactos, marcos regulatorios favorables y, paradójicamente, la existencia de un Estado que garantice las condiciones básicas para la actividad económica.
El déficit cero como imperativo moral meritocrático
La obsesión mileísta con el déficit cero no es meramente técnica; es fundamentalmente ideológica y se sustenta en una concepción meritocrática de la política fiscal. Según esta visión, el Estado no debe gastar más de lo que recauda porque hacerlo constituye una «estafa al pueblo argentino», en palabras del propio Milei.
Esta conceptualización del déficit fiscal como fraude moral se basa en la premisa meritocrática de que cada individuo debe vivir exclusivamente de lo que produce. Si los individuos deben autofinanciarse mediante su esfuerzo personal, el Estado debería hacer lo mismo. Esta analogía entre las finanzas domésticas y las finanzas públicas es económicamente incorrecta, pero ideológicamente eficaz para justificar el desmantelamiento de las políticas redistributivas.
«La piedra basal de este presupuesto es la primera verdad de una Administración Pública sana, una verdad que durante muchos años ha sido relegada en Argentina: el déficit cero», declaró Milei en el Congreso. Esta «verdad» presuntamente universal es en realidad una opción política que subordina las necesidades sociales a los equilibrios contables, transformando la austeridad en virtud moral.
La guerra cultural contra la «ideología de género» y los derechos sociales
El mileísmo no se limita a la meritocracia económica; extiende esta lógica a una «meritocracia cultural» que jerarquiza formas de vida y identidades. Las constantes diatribas de Milei contra la «ideología de género» y los derechos LGBTI+ revelan cómo la meritocracia se expande hacia el terreno de la moral sexual y familiar.
En su discurso ante la Policía Federal, Milei anunció que «prohibirá que los presos se muden de cárcel por cambios en la identidad de género», justificando esta medida con el argumento de que «solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad». Esta retórica presenta la diversidad sexual como una «creatividad de los criminales» que debe ser castigada, extendiendo la lógica punitiva meritocrática hacia las identidades disidentes.
Esta guerra cultural cumple una función específica en el dispositivo meritocrático: crea chivos expiatorios que distraen la atención de las causas estructurales de la desigualdad. Mientras el gobierno implementa políticas que empobrecen a millones de argentinos, dirige la bronca social hacia minorías sexuales y personas que supuestamente «abusan» del sistema.
La contradicción entre discurso meritocrático y resultados sociales
La aplicación radical de la meritocracia mileísta ha producido resultados que contradicen frontalmente sus propias premisas. Si la meritocracia fuera verdaderamente eficaz para promover el bienestar social, deberíamos observar una mejoría en los indicadores de pobreza y desigualdad. Sin embargo, los datos revelan lo contrario.
Durante el primer semestre de 2024, la pobreza infantil alcanzó el 66,1%, un récord histórico que coincide precisamente con la implementación más radical de políticas meritocráticas en la historia argentina. Esta paradoja revela la falsedad empírica del discurso meritocrático: las políticas que supuestamente premian el mérito y castigan la pereza han producido el mayor empobrecimiento infantil en décadas.
El gobierno mileísta intenta resolver esta contradicción mediante la manipulación estadística y el wishful thinking. En junio de 2025, el Ejecutivo anunció que «la pobreza bajó del 52,9 por ciento al 38,1 por ciento entre el primer y el segundo semestre de 2024», atribuyendo esta supuesta mejora «a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía». Sin embargo, estos datos oficiales contrastan con la evidencia independiente que documenta el deterioro sostenido de las condiciones de vida de los sectores populares.
La crítica papal a la meritocracia mileísta
Una de las críticas más contundentes al discurso meritocrático de Milei provino, paradójicamente, del fallecido Papa Francisco. En varios discursos durante 2024 y 2025, el Pontífice argentino arremetió específicamente contra la meritocracia como ideología de dominación, denunciando «la exaltación de la acumulación de riqueza como una virtud» y alertando que «si los movimientos populares no reclaman, no gritan, no luchan, no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles».
Las críticas del Papa adquieren particular relevancia porque desmontan la meritocracia desde una perspectiva moral cristiana que históricamente ha sido influyente en Argentina. Francisco no solo cuestiona las políticas económicas de Milei, sino que ataca directamente los fundamentos éticos del discurso meritocrático.
La respuesta del gobierno a las críticas papales es reveladora: en lugar de rebatir los argumentos, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó «minimizar el impacto de las declaraciones del Pontífice». Esta estrategia de evasión demuestra la debilidad conceptual del discurso meritocrático cuando se enfrenta a críticas fundamentadas desde perspectivas éticas alternativas.
La meritocracia como justificación del autoritarismo
El caso mileísta demuestra cómo la meritocracia puede funcionar como antesala del autoritarismo. Cuando las políticas «meritocráticas» producen resultados socialmente devastadores, el sistema necesita recurrir a la represión para mantener su legitimidad. La exaltación de las «fuerzas del orden» y la criminalización de la protesta social son consecuencias lógicas de una ideología que presenta la desigualdad como resultado del mérito individual.
«Nuestras fuerzas de seguridad quedaron desamparadas por un estado que se cansó de ningunearlas», declaró Milei, construyendo una narrativa donde la represión policial es una forma de «justicia meritocrática» que castiga a quienes se resisten al orden natural del mercado. Esta retórica transforma la violencia estatal en una herramienta de corrección moral que restaura el equilibrio alterado por quienes «no aceptan» su lugar en la jerarquía social.
La alienación de las clases medias
Uno de los aspectos más perversos del mileísmo es su capacidad para seducir a sectores de las clases medias mediante la promesa de diferenciación social. El discurso de la «motosierra» y la eliminación de «ñoquis» genera identificación en aquellos sectores que se perciben como «productivos» y que buscan distanciarse simbólicamente de los sectores populares. Hay que decirle, el eterno mediopelismo Argentino que bien definio Jauretche.
Esta identificación es particularmente trágica porque las políticas mileístas están empobreciendo objetivamente a las clases medias. Sin embargo, la retórica meritocrática les ofrece una compensación simbólica: aunque pierdan ingresos reales, pueden sentirse superiores moralmente a quienes reciben asistencia social. Esta alienación impide la construcción de alianzas sociales necesarias para enfrentar las políticas de ajuste.
La foto que Milei compartió en noviembre de 2024, mostrando una motosierra roja sobre su escritorio presidencial junto al mensaje «confirmo que seguiré a full con la motosierra», sintetiza perfectamente esta dinámica. La motosierra se convierte en un fetiche que permite a sus seguidores identificarse vicariamente con el poder destructivo, sintiendo que participan del «castigo» a los sectores «improductivos».
Hacia un nuevo paradigma: del mérito individual a la justicia social
La crítica a la meritocracia no implica negar la importancia del esfuerzo individual o del desarrollo del talento personal. Por el contrario, una sociedad verdaderamente justa debe crear las condiciones para que todos los individuos puedan desarrollar plenamente sus capacidades. Esto requiere reconocer que el talento está distribuido democráticamente en la sociedad, pero las oportunidades para desarrollarlo no.
Nosotros, los peronistas, defendemos el esfuerzo y el trabajo como valor social para construir desde allí un piso de igualdad que permita a todos y todas desarrollarse. Sí al mérito, sí al trabajo y al esfuerzo, no a la meritocracia, porque su punto de partida es desigual, el resultado de una lotería natural que injustamente asigna condiciones óptimas para que algunos puedan desarrollar sus planes de vida y castiga a muchos otros en una lógica perversa que reproduce la desigualdad inicial generación tras generación.
Esta distinción es fundamental: se trata de valorar el esfuerzo y el mérito genuinos, pero rechazar la meritocracia como sistema de justificación de la desigualdad. Para que el mérito sea un criterio válido de asignación de recursos y oportunidades, primero debe garantizarse que todos los individuos partan desde condiciones iniciales equivalentes.
El Estado es el único actor capaz de atender estas injusticias y resolver las desigualdades de origen para garantizar una vida digna. Esto implica políticas universales de educación de calidad, acceso universal a la salud, transferencias de ingreso a las familias más vulnerables, y políticas de desarrollo territorial que reduzcan las brechas regionales.
Las cifras recientes indican que más de la mitad de los niños y niñas en nuestro país son pobres. Esto significa que hay millones de chicos y chicas que no tienen un plato de comida o que comen salteado, que no tienen una mesa para estudiar, un lugar en el hogar donde poder concentrarse, un baño, una pelota, una computadora. En estas condiciones, hablar de meritocracia constituye una burla a la inteligencia y una afrenta a la dignidad humana.
La urgencia de un nuevo contrato social
Argentina necesita urgentemente abandonar el espejismo meritocrático y construir un nuevo contrato social basado en el reconocimiento de los derechos sociales fundamentales. Esto implica asumir que el acceso a la educación de calidad, la salud, la vivienda digna y el trabajo decente no son premios que se obtienen por mérito individual, sino derechos ciudadanos que el Estado debe garantizar universalmente.
Un proyecto de país verdaderamente inclusivo debe partir del reconocimiento de que las políticas de protección de ingresos resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza: sin estos programas alrededor de 270 mil niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de 1 millón pasarían a ser indigentes. Esta evidencia empírica demuestra que las políticas redistributivas son eficaces para reducir la desigualdad y que el Estado tiene un papel fundamental en la garantía de derechos.
La construcción de una sociedad post-meritocrática requiere también transformaciones en el sistema educativo. Es necesario avanzar hacia una educación verdaderamente pública, gratuita y de calidad para todos, que no reproduzca las desigualdades de origen sino que actúe como factor de igualación social. Esto implica inversiones masivas en infraestructura educativa, formación docente, conectividad digital y programas de apoyo integral a los estudiantes más vulnerables.
En el ámbito económico, se requieren políticas de redistribución del ingreso que vayan más allá de las transferencias asistenciales. Es necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo que genere empleo de calidad, que fortalezca la negociación colectiva y que grave progresivamente la riqueza. Solo así podrán crearse las condiciones materiales para que el esfuerzo individual tenga sentido.
Por una Argentina sin privilegios hereditarios
La meritocracia es la gran estafa intelectual de nuestro tiempo. Bajo la apariencia de promover la justicia y la igualdad de oportunidades, funciona como el mecanismo ideológico más sofisticado para legitimar y perpetuar la desigualdad estructural. En una Argentina donde casi 7 millones de niños viven en la pobreza, donde la brecha digital excluye a millones de estudiantes del acceso a una educación de calidad, y donde las oportunidades de vida están determinadas por el código postal de nacimiento, sostener que el éxito depende del mérito individual constituye una perversión moral inaceptable.
Los datos son contundentes: Argentina es un país profundamente desigual donde las oportunidades se distribuyen según la clase social, la región de residencia y el acceso a recursos económicos familiares. En este contexto, la meritocracia no es una promesa de justicia, sino una coartada para la injusticia.
Es hora de abandonar definitivamente el discurso meritocrático y avanzar hacia un nuevo paradigma basado en la garantía universal de derechos sociales fundamentales. Esto implica reconocer que una sociedad verdaderamente justa no es aquella donde algunos pocos pueden «ascender» mediante el esfuerzo individual, sino aquella donde todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a las condiciones básicas para desarrollar dignamente sus proyectos de vida.
La Argentina que necesitamos no es una sociedad de ganadores y perdedores determinados por el supuesto mérito individual, sino una sociedad de ciudadanos iguales en derechos y oportunidades. Solo así podremos construir un país donde el talento y el esfuerzo genuinos puedan florecer sin las distorsiones de la desigualdad estructural.
El mito de la meritocracia ha sido desenmascarado. Ahora corresponde construir la alternativa: una Argentina donde la justicia social no sea una promesa diferida, sino una realidad presente para todos los argentinos, sin excepción. La historia nos enseña que esto es posible; solo hace falta la voluntad política para hacerlo realidad. La justicia social no es un lujo: es la única base legítima de una república
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